El Gobierno definió un aumento en los fondos destinados exclusivamente a los gastos de funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Este acuerdo solo beneficia a la casa de altos estudios de Buenos Aires, lo que generó el reclamo por parte de las universidades del interior del país.
El conflicto presupuestario pone en jaque la equidad del sistema universitario argentino, y las universidades del interior están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr justicia en la distribución de los fondos.
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Las universidades del interior del país podrían recurrir a la justicia ante la inequidad presupuestaria que favoreció exclusivamente a la Universidad de Buenos Aires (UBA). El Consejo Superior de la UBA anunció este miércoles la suspensión de la emergencia presupuestaria tras firmar un acuerdo con el Gobierno, que incrementa en un 300 por ciento su presupuesto, brindando así mayor estabilidad y previsibilidad financiera. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la situación salarial y financiera de las universidades del interior.
El proceso de negociación entre el Gobierno y la UBA fue complejo. Aunque finalmente se logró un acuerdo -tras más de 5 meses y luego de una multitudinaria marcha federal-, otras 60 instituciones aún no han recibido una respuesta satisfactoria a sus demandas, lo que generó tensiones y críticas. En este contexto, los rectores de las universidades del interior han alzado su voz, subrayando la necesidad de un reparto equitativo de los recursos entre todas las instituciones del país.
En este sentido, y luego del anuncio del acuerdo, el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, sostuvo que seguirán reclamando por el resto de las universidades del país, pero las instituciones del interior no se sintieron respaldadas Y lo hicieron saber a través de distintos comunicados donde pidieron evitar la discriminación y garantizar igualdad de condiciones para todas las universidades. En este sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su rechazo a cualquier intento de división y exigió una respuesta urgente del Gobierno.
El descontento crece y las universidades del interior están considerando acciones legales como último recurso si no se aborda de manera integral las necesidades presupuestarias de todas las universidades del país.
El conflicto presupuestario pone en jaque la equidad del sistema universitario argentino, y las universidades del interior están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr justicia en la distribución de los fondos.