Ayer hubo una larga reunión con funcionarios de los ministerios de Bioagroindustria, Producción y Economía tras la queja de productores por los aumentos recibidos.
Finalmente se aclararon las diferencias y las entidades solicitaron una serie de beneficios adicionales en el marco de un contexto de dificultades productivas.
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Cuando el gobierno provincial presentó su proyecto de presupuesto 2025 y su política tributaria a las entidades del campo provincial, en el arranque del último trimestre del año pasado, hubo una serie de cálculos y planillas que explicaban el ajuste que tendría el Inmobiliario Rural para este año. Allí se informó que el tope sería del 189%, en línea con la inflación acumulada entre septiembre de 2024 y septiembre de 2023. Pero el proceso de desaceleración de precios que continuó hasta diciembre hizo que el acumulado anual fuera descendiendo y por eso, finalmente, y a pesar de lo aprobado en la Legislatura, se terminara aplicando un 173% de aumento como tope del Inmobiliario Rural. Sin embargo, desde este lunes comenzaron a conocerse reclamos de productores porque comenzaron a estar disponibles en la web los cedulones y aseguraban que las subas superaban en algunos casos el 250%. Ante el planteo numeroso, los dirigentes de la Mesa de Enlace provincial se reunieron ayer con funcionarios de los ministerios de Bioagroindustria, Producción y Economía, para conocer los motivos por los cuales se daban estos casos. Los integrantes del gobierno explicaron allí que en realidad se tomaban los valores brutos del año pasado y no lo que cada uno pagó efectivamente y que estaba sujeto a una serie de descuentos y beneficios, como el de contribuyente cumplidor, el descuento por Buenas Prácticas Agropecuarias o incluso un extra del 10% por pago contado. Y en este último punto hubo un punto importante de debate en la reunión porque este año ese plus dejó de tener vigencia. “Muchos productores hacían el cálculo del 173% sobre lo que pagaron en 2024 y de allí les daba mucho más. Fue una confusión del monto del que se partía. Es más, muchos casos que se presentaron fueron cotejados por los técnicos de Economía en la reunión y se mostró que en realidad no había errores”, indicaron fuentes de la reunión.
Sin embargo, y ante el malestar de los productores, la Mesa de Enlace solicitó una serie de medidas a los funcionarios para atenuar el impacto del Inmobiliario Rural, especialmente por el momento productivo que atraviesan muchas regiones que siguen sin recibir lluvias importantes y están ante el riesgo de una magra o nula cosecha gruesa. “Primero llevamos el malestar de los productores y recibimos las justificaciones técnicas. Pero sobre todo, hicimos hincapié en el contexto productivo en el que estamos discutiendo esto, porque para muchos es un año muy malo por la falta de lluvias y cultivos a punto de perderse”, explicó la presidenta de Coninagro Córdoba, Vanesa Padullés.
La dirigente de Leones remarcó además que “por eso pedimos que se tenga en cuenta la posibilidad de aplicar nuevamente un descuento adicional del 10% por pago contado, que se prorrogue el vencimiento de la primera cuota que acaba de estar disponible y se vence el 10 de febrero y que, por último, se permita el pago único anual hasta el mes de mayo, que es cuando se levanta la cosecha”. Todo esto quedó en análisis de los funcionarios y en los próximos días habría una respuesta, sobre todo por la urgencia que remite el vencimiento de la primera cuota del próximo lunes.