Las clínicas comenzaron a cobrar un copago a los pacientes a raíz del conflicto existente con las obras sociales, mutuales y prepagas.
Los médicos alertaron que, de subsistir la crisis sanitaria, el copago se extenderá a las internaciones y prácticas quirúrgicas.
“No hay facturas por este pago”, manifestaron desde la CGT Cordobesa y analizan seguir los pasos de San Francisco donde se radicó la correspondiente denuncia, tanto a las clínicas como a los profesionales médicos en particular, por la ilegalidad de la decisión unilateral como así también por evasión fiscal.
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La CGT Córdoba analiza denunciar a la Afip el copago en torno de las consultas médicas.
La central obrera cordobesa ya se había manifestado al respecto a través de un comunicado: “Las entidades que aglutinan a las clínicas y sanatorios y el Consejo de Médicos de Córdoba responsabilizan a las obras sociales -entre quienes se encuentran las sindicales- por la crisis que dicen atravesar, apelando al cobro de un copago que significa nada menos que cargar directamente sobre las y los trabajadores el peso de sus decisiones que no contemplan que es el sector que está sufriendo el ajuste más importante por la inflación y los bajos salarios, donde el desfinanciamiento más importante se produce en el acceso a la canasta familiar básica”.
La evaluación que hace la CGT Córdoba se basa en la denuncia que sí radicó ante la Afip la CGT de San Francisco: “No hay facturas por este pago y si esto no se revierte en los próximos días vamos a denunciar al consorcio (compuesto por tres clínicas de San Francisco), los sanatorios y a los profesionales de la salud”.
Las clínicas comenzaron a cobrar un copago a los pacientes a raíz del conflicto existente con las obras sociales, mutuales y prepagas.
Los médicos alertaron que, de subsistir la crisis sanitaria, el copago se extenderá a las internaciones y prácticas quirúrgicas.
La CGT considera que “la decisión unilateral de apoderarse de recursos por una vía extorsiva en la que se pone en juego la salud es una acción corporativa que no tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelven coyunturalmente las actividades en nuestro país”.
“Rechazamos esta decisión que perjudica a la familia trabajadora, instando a las prestadoras a retomar el curso de las negociaciones, para no seguir perjudicando al sistema solidario de atención de la salud”, finaliza.