Diputados nacionales profundizaron la acusación contra el jefe de Gabinete y apuntan a una operación inmobiliaria que genera fuertes sospechas, un departamento en Caballito adquirido a valor muy inferior al de mercado, financiado con una hipoteca no bancaria otorgada por las dueños del inmueble en cuestio, dos jubiladas que negaron conocerlo. Piden citar a la escribana y avanzar con nuevas medidas.
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La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la ampliación de la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Diputados nacionales del interbloque Unidos —Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro— avanzaron con una nueva presentación en la que solicitan profundizar la investigación.
El eje de la acusación está puesto en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada apenas dos semanas después de asumir el cargo. Según consta en la denuncia, la operación se escrituró por 230 mil dólares, un valor considerablemente inferior a los 340 mil que, según estimaciones, corresponderían al precio real del inmueble.
Sin embargo, el punto más cuestionado es el mecanismo de financiamiento. La adquisición se habría realizado mediante una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares otorgada por las propias vendedoras del inmueble, quienes lo habían comprado apenas siete meses antes.
Las acreedoras fueron identificadas como dos jubiladas —Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— quienes, de acuerdo a la presentación judicial, negaron conocer al funcionario o haberle prestado dinero, lo que refuerza la hipótesis de una operación simulada.
En ese marco, los legisladores solicitaron que se cite a declarar a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación. También remarcaron que la misma profesional certificó otra compra vinculada al entorno del funcionario, en este caso un inmueble en un country de Exaltación de la Cruz, registrado a nombre de su esposa, Bettina Angeleti.
“Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, sostuvo el diputado Paulón, quien además planteó que el esquema podría haber sido utilizado para justificar la adquisición de bienes que no se condicen con los ingresos declarados.
La denuncia también incorpora otros elementos vinculados al patrimonio del funcionario, como viajes al exterior, propiedades no declaradas y presuntas triangulaciones de contratos en favor de la consultora de su esposa.
Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación sobre la evolución patrimonial de Adorni. Desde su entorno rechazan las acusaciones y aseguran que no existe irregularidad alguna, al tiempo que sostienen que todos sus bienes tienen origen en su actividad privada previa.
Mientras tanto, la causa sigue sumando elementos y escala como uno de los focos más sensibles en la agenda política nacional.