Alejandro Vilches dejó la Secretaría y argumentó razones personales. Su salida llega mientras crece la controversia por los recortes que el Gobierno de Milei incluyó en el Presupuesto 2027 para pensiones y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
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Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Javier Milei, atravesado por la discusión en el Congreso de los cambios previstos para el área dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
El funcionario formalizó su salida mediante una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que comunicó que dejaba el cargo de manera inmediata y atribuyó su decisión a “razones estrictamente personales”. Por el momento, el Gobierno nacional no informó quién será su reemplazante.
Vilches había llegado al área luego de la salida de Diego Spagnuolo y su renuncia se produce cuando la política nacional en materia de discapacidad vuelve a estar en el centro de una fuerte discusión política y social.
El foco está puesto en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso. La versión original contempla modificaciones sobre aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos la eliminación de los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas y el reemplazo de la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral.
También propone cambios en las pensiones no contributivas, retomando el criterio de invalidez laboral y estableciendo un haber equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima. El texto original plantea además incompatibilidades entre la percepción de la pensión y el empleo formal o el monotributo.
Las modificaciones provocaron cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la discapacidad, sectores de la oposición y también aliados parlamentarios del oficialismo. Ante las objeciones, representantes del Gobierno anticiparon que los artículos más controvertidos serán retirados y reemplazados durante la discusión legislativa. Entre las alternativas en negociación aparece mantener un nomenclador universal y permitir la compatibilidad de las pensiones con el trabajo registrado.
La discusión tuvo también una fuerte repercusión en Córdoba. El gobernador Martín Llaryora rechazó públicamente cualquier reducción de fondos nacionales para el sector y pidió a diputados y senadores de la provincia que no acompañen medidas que afecten las prestaciones.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables”, sostuvo el mandatario, quien advirtió además sobre las consecuencias que podría tener para la red prestacional un menor financiamiento nacional. La Provincia trabaja actualmente con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales vinculados a la atención de personas con discapacidad.
La renuncia de Vilches agrega así un nuevo elemento a un escenario que ya venía marcado por reclamos, negociaciones y diferencias políticas. Mientras oficialmente su salida fue atribuida a motivos personales, el área queda ahora sin secretario en momentos en que el Congreso deberá definir aspectos centrales del esquema de prestaciones y pensiones para 2027.
Una discusión que excede nombres y cargos y que mantiene en alerta a prestadores, organizaciones y, fundamentalmente, a miles de personas con discapacidad y sus familias.