El Gobierno elaboró un proyecto que elimina regulaciones en múltiples sectores de la economía. La iniciativa habilita la venta online de medicamentos con receta, flexibiliza el mercado financiero, abre el cabotaje a barcos extranjeros y modifica normas históricas del agro, la cultura y las profesiones.

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La administración ejecutiva de Javier Milei prepara una nueva ofensiva desreguladora que promete abrir otro frente de debate político y económico.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, elabora un extenso proyecto de ley que propone revisar buena parte del entramado regulatorio vigente en Argentina.

La iniciativa, que comenzó a circular entre distintos actores políticos y empresariales, reúne modificaciones sobre más de un centenar de artículos y alcanza actividades tan diversas como el sistema farmacéutico, la marina mercante, los mercados financieros, la producción agropecuaria, la industria editorial y el ejercicio de distintas profesiones.

Según el Gobierno, el objetivo es avanzar hacia una economía con menos restricciones administrativas, mayor competencia y un marco legal adaptado a las nuevas tecnologías.

Medicamentos, un cambio polémico

Uno de los capítulos con mayor impacto modifica la Ley de Farmacias.

Si el proyecto prospera, los medicamentos con receta podrán comercializarse por canales digitales y enviarse directamente al domicilio del paciente. Al mismo tiempo, los remedios de venta libre dejarán de comercializarse exclusivamente en farmacias y podrán venderse en otros establecimientos habilitados.

La iniciativa también elimina restricciones sobre horarios de atención, impulsa la utilización de recetas electrónicas y permite que las farmacias adopten cualquier figura societaria prevista por la legislación comercial.

Incluso las droguerías podrán vender directamente al consumidor final si cumplen los requisitos para funcionar como farmacia.

Barcos extranjeros podrán operar dentro del país

Otro de los cambios más relevantes apunta al transporte marítimo.

El proyecto elimina parte de las restricciones que protegían al cabotaje nacional y habilita que embarcaciones extranjeras puedan transportar cargas entre puertos argentinos.

La incorporación de tripulantes nacionales será progresiva según el tiempo de permanencia del buque en el país y también se eliminan aranceles para importar embarcaciones usadas de hasta veinte años de antigüedad.

Para el Ejecutivo, la medida busca aumentar la competencia y reducir los costos logísticos.

El agro también entra en la reforma

La propuesta modifica normas que regulan actividades históricas del sector agropecuario.

Entre los principales cambios aparece la eliminación del financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que pasaría a sostenerse únicamente mediante aportes voluntarios y prestación de servicios.

También desaparecen las leyes que regulan los contratos de arrendamiento y aparcerías rurales, mientras que la actividad vitivinícola tendrá un esquema de controles simplificado y una fuerte reducción de estructuras estatales.

Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de la ley que dio origen a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), organismo que debería iniciar un proceso de liquidación si la iniciativa es aprobada.

Menos requisitos para ejercer profesiones

El proyecto también modifica el régimen de corredores y traductores públicos.

Para desempeñarse como corredor bastará con ser mayor de edad y acreditar estudios secundarios completos, eliminando varias exigencias actuales y habilitando el desarrollo de la actividad mediante plataformas digitales.

En el caso de los traductores públicos, el Estado sólo podrá exigir traducciones oficiales cuando existan razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales que lo justifiquen.

Libros, doblaje y gas: otras leyes que desaparecerían

La iniciativa también propone derogar las leyes de Precio Uniforme del Libro, la ley que regulaba la industria nacional del doblaje para televisión y el régimen económico del Gas Licuado de Petróleo.