El Poder Ejecutivo busca eliminar de manera total la norma de promoción de la alimentación saludable. Argumentan que los octógonos negros generan “confusión en los consumidores”, “limitaciones técnicas” y sobrecostos en la industria alimentaria.
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El Gobierno nacional formalizó el envío de un nuevo paquete de leyes al Congreso y la primera iniciativa en salir a la luz apunta al corazón de la política alimentaria vigente: propone la derogación total de la Ley 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal. El proyecto, que ingresó formalmente para comenzar su debate en el Senado, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones.
En los fundamentos del texto oficial, el Ejecutivo asegura que tras su periodo de aplicación se detectaron «diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas» que justifican dar marcha atrás con la normativa que llenó de octógonos negros las góndolas del país.
Los argumentos oficiales contra los «octógonos»
Desde el Gobierno cuestionaron duramente la eficacia del sistema actual, basándose en varios puntos clave:
- Confusión en el consumidor: Según el proyecto, el esquema obligatorio basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplica «criterios homogéneos a alimentos de características muy diferentes». Esto provoca que productos tradicionalmente aceptados dentro de la cultura nutricional reciban advertencias equivalentes a las de ultraprocesados de menor calidad, induciendo a interpretaciones «simplificadas o poco precisas».
- Falta de incentivo industrial: La Casa Rosada argumenta que «la estructura binaria» del sistema vigente (el alimento tiene o no tiene el sello) dificulta que las empresas reflejen mejoras o reformulaciones parciales en la composición de sus productos.
- Sobrecostos y distorsiones: Apuntan que la ley trajo complicaciones operativas, exigencias de rediseño de envases y «procesos de concentración de mercado» que terminan perjudicando la actividad productiva.
¿Qué pasará con la información en los envases?
Ante la polémica que pueda generar la medida, el mensaje enviado al Parlamento aclara de forma taxativa que no se eliminará la obligación de informar los componentes de los alimentos.
«La medida que se propicia no implica la eliminación de las obligaciones de información nutricional, las cuales continuarán plenamente vigentes en el marco del Código Alimentario Argentino», reza el texto. De igual modo, recordaron que siguen rigiendo las normas generales de defensa del consumidor y publicidad engañosa.
El objetivo planteado por la gestión actual es derogar el esquema rígido actual y avanzar hacia un nuevo modelo que sea «más preciso, contextualizado y científicamente consistente», adaptado a los esquemas de información nutricional ya armonizados dentro del Mercosur.
El proyecto cuenta con un articulado breve: el primero establece la derogación total de la norma y el segundo fija su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El Ejecutivo solicitó formalmente a las cámaras un «pronto tratamiento y sanción».