La administración de Javier Milei puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios para trabajadores del INTA, con el objetivo de seguir reduciendo personal en el Estado. El esquema podría alcanzar a cerca de 1.500 agentes y vuelve a encender la alarma sobre el vaciamiento de uno de los organismos técnicos más importantes para el desarrollo agropecuario del país.
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El Gobierno nacional oficializó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de la política de reducción del gasto público y reestructuración estatal impulsada por la gestión de Javier Milei. La medida fue aprobada a través de la Resolución 144/2026 y publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El programa apunta al personal de planta permanente del organismo y habilita el período de adhesión hasta el 31 de mayo, con posibilidad de extenderlo por otros 15 días. Según distintas estimaciones publicadas en medios especializados y del sector agropecuario, el objetivo oficial sería reducir entre 950 y 1.500 puestos de trabajo dentro del INTA, una cifra que representa hasta el 26% de la planta total del organismo.
El esquema prevé el pago de una gratificación equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Para quienes tengan hasta 60 años no habrá tope, mientras que entre los 61 y 63 años el máximo será de 24 haberes, y desde los 64 años el límite caerá a 12 salarios. El pago se realizará en una única cuota.
Desde distintos sectores gremiales y vinculados al sistema científico y tecnológico ya comenzaron a surgir fuertes cuestionamientos. Advierten que el retiro voluntario puede transformarse en un “despido encubierto” y alertan sobre un posible debilitamiento de la estructura territorial y técnica del INTA, un organismo clave para el acompañamiento productivo, la investigación agropecuaria y el desarrollo regional.
La medida se suma a una serie de recortes y reestructuraciones impulsadas por Nación sobre organismos públicos y científicos. En distintas regiones del país ya se venía manifestando preocupación por el futuro del INTA y el posible impacto que una reducción de personal podría generar en agencias experimentales, programas técnicos y asistencia al sector agropecuario.