Mientras el país observaba la votación en el Senado por elaborto, tras más de 11 horas de sesión, el oficialismo consiguió la sanción definitiva de la nueva fórmula con 132 votos a favor, en tanto que fueron 119 los negativos, sin abstenciones.
Para asegurarse la votación, el Frente de Todos contó con la ayuda de los cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, además de los seis legisladores del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que encabeza José Luis Ramón, los tres del Frente de la Concordia Misionero, y los dos del bloque Justicialista (Andrés Zottos y Eduardo “Bali” Bucca).
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La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley la nueva fórmula de movilidad para el cálculo de haberes jubilatorios, de pensiones y asignaciones, un proyecto impulsado por el Frente de Todos y que generó un intenso y largo debate en el recinto.
Tras más de 11 horas de sesión, el oficialismo consiguió la sanción definitiva con 132 votos a favor, en tanto que fueron 119 los negativos, sin abstenciones.
Para asegurarse la votación, el Frente de Todos contó con la ayuda de los cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, además de los seis legisladores del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que encabeza José Luis Ramón, los tres del Frente de la Concordia Misionero, y los dos del bloque Justicialista (Andrés Zottos y Eduardo “Bali” Bucca).
En contra votaron Juntos por el Cambio, los tres diputados del lavagnista Consenso Federal, los dos legisladores del Frente de Izquierda, y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez.
La normativa establece que los aumentos se actualizan trimestralmente en función de una fórmula compuesta en un 50% por la recaudación de ANSES y otro 50 % por la evolución de salarios, surgida del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que confecciona el Ministerio de Trabajo.
La fórmula consagrada es similar (con algunos remiendos) a la que se había establecido en 2008 bajo el primer Gobierno de Cristina Kirchner y que estuvo vigente hasta fines de 2017, cuando el Gobierno de Cambiemos logró votar una receta diferente para el cálculo de haberes, que tenía en cuenta en un 70% la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), criterio que ahora se dejó de lado.
Como miembro informante del oficialismo, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marcelo Casaretto, afirmó que la iniciativa es “una muy buena ley” y consideró que “el tiempo dará la razón” al Frente de Todos.
“Lo que vemos es que en la Argentina tenemos que dar la discusión acerca de la distribución del ingreso. El objetivo de este Gobierno es que crezca la Argentina y que los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y a los jubilados“, explicó.
Por un lado, señaló que el objetivo del Gobierno es que “esas mejoras que se acuerden para los trabajadores en actividad también lleguen a los jubilados en la Argentina”, y por otro lado pronosticó que la recaudación subirá por encima de la variación de precios.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le respondió a la oposición de Juntos por el Cambio por las críticas a la fórmula por no tener en cuenta la inflación.
“La cobertura del ajuste inflacionario está contenida en los dos elementos que componen la fórmula, porque las paritarias en 2021 se van a cerrar todas por arriba de la inflación, y porque la recaudación impositiva va a crecer como consecuencia del aumento de la actividad económica y de la reforma impositiva que vamos a tratar el año que viene”, dijo, optimista.
El miembro informante del dictamen de Juntos por el Cambio, el radical Alejandro Cacace, aseguró que “el concepto de esta ley es el ajuste” y explicó que con la suspendida fórmula de Cambiemos, aprobada con escándalo a fines de 2017, los jubilados hoy estarían cobrando por encima de lo que el Gobierno les otorgó por decreto a lo largo de este año.
En este sentido, Cacace advirtió que durante este año, el Estado se ahorró a partir de la suspensión de la movilidad jubilatoria de Cambiemos la suma de 100 mil millones de pesos.
“Entonces, ¿Cuál es el concepto de esta ley? El concepto es el ajuste. Eso es lo que han venido a hacer a esta cámara. El único motivo por el que se impulsa este proyecto es para ahorrar recursos”, consideró.
Paula Oliveto (Coalición Cívica), quien compartió el tiempo con Cacace en defensa del dictamen de minoría, se quejó de la fecha elegida por el oficialismo para abordar la reforma previsional, ya que el tratamiento queda eclipsado por el debate simultáneo en el Senado de la ley de legalización del aborto.
“Hoy estamos legitimando un nuevo ajuste a los jubilados de espalda, con vergüenza porque no tuvieron la cara para hacerlo en un horario y un día de cara a los representados a los que hoy van a arruinar. Llámenlo como quieran, en mi barrio esto se llama ajuste”, disparó.
Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño (PTS) coincidió en que desde el oficialismo “están queriendo que pase desapercibido un ajuste que va a perjudicar sobre todo a las jubiladas y las más humildes, que reciben la AUH”, en tanto que pidió -sin éxito- que se incluyera una cláusula para que en caso de que la fórmula de por debajo del índice inflación, se corrija automáticamente el haber para establecer ese piso en los haberes.
A su turno, el radical Luis Pastori consideró que “volver atrás a la fórmula del 2008 es un muy grave error”.
“La fórmula de movilidad tiene que tener la menor volatilidad y la menor transparencia posible Esta ley que pretende aprobar el oficialismo no cumple con ninguna de esas dos condiciones”, opinó.
La kirchnerista Fernanda Vallejos retomó parte de los argumentos que ya habían esbozado Casaretto y Heller, y puntualizó que la fórmula que ahora se pretende restaurar, que estuvo vigente entre 2008 y 2017, “permitió una recuperación del 26% de los haberes previsionales, contra una pérdida del 20% que arrojó la fórmula suspendida” de Cambiemos.
En tanto, Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) reclamó que el Gobierno vuelva a la fórmula jubilatoria aprobada en 2017 y advirtió que, de lo contrario, “podría volver a judicializarse el sistema previsional”.
El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, salió al cruce de Casaretto, quien había afirmado que se trata de una “muy buena ley”.
“Si esta ley fuera tan buena, ¿la estaríamos tratando hoy escondidos entre verdes y celestes y dándole un destino negro a nuestros jubilados? ¿O estaríamos sesionando a luces y lleno de periodistas, diciendo qué bueno lo que estamos haciendo por los jubilados?”, disparó.