Para captar a sus víctimas se hacían pasar por una tienda de ropa. El principal investigado es un recluso de 29 años con antecedentes por delitos sexuales que actuaba en complicidad con dos mujeres.
“Los pedidos eran cada vez más morbosos, desde fotos desnudas, relaciones sexuales no consentidas y hasta sexo con familiares”, reveló la fiscal sobre el calvario que vivieron las víctimas.
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Una compleja organización criminal dedicada al grooming, la extorsión y el abuso sexual de menores fue desarticulada en las últimas horas tras un operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Buenos Aires.
La banda, que tenía su centro de operaciones dentro de un establecimiento penitenciario bonaerense, habría damnificado al menos a 13 adolescentes.
La fiscal de Instrucción de Deán Funes, la Dra. Analía Cepede, confirmó que la investigación comenzó el pasado 28 de febrero a raíz de una serie de denuncias en dicha localidad cordobesa. El hilo conductor de los casos reveló un modus operandi digital sofisticado: los atacantes utilizaban cuentas hackeadas de una tienda de ropa para contactar a menores de edad mediante engaños.
La organización no solo contaba con el recluso como cerebro de las extorsiones, sino que también participaban mujeres en el proceso de captación. “El sujeto actuaba en complicidad con otras dos mujeres que eran las que contactaban a las chicas. Una ya está presa y la otra estaba en libertad hasta ahora”, relató la fiscal, marcando el nivel de coordinación de la banda.
Lo que más alarma a los investigadores es la impunidad con la que el principal imputado se manejaba dentro del sistema penitenciario: “El imputado ya tenía causas similares y estaba detenido y, a pesar de eso, podía llevar a cabo todas estas extorsiones”, agregó Cepede.
“A medida que la banda ganaba confianza o lograba obtener material sensible, las exigencias hacia las menores se volvían cada vez más violentas. La fiscalía detalló que el acoso no terminaba en la obtención de imágenes, sino que derivaba en situaciones de extrema perversión.
“Los pedidos eran cada vez más morbosos, desde fotos desnudas, relaciones sexuales no consentidas y hasta sexo con familiares”, reveló la fiscal sobre el calvario que vivieron las víctimas.
Tras meses de seguimiento por parte de la Brigada de Investigaciones de Ischilín, la división de Cibercrimen y el MPF, ayer se realizaron allanamientos simultáneos en el penal de Sierra Chica y en domicilios de diferentes localidades. En los procedimientos se secuestraron dispositivos móviles y elementos clave que confirman la conexión entre la cárcel y los domicilios externos desde donde se ejecutaban los contactos.
La causa, calificada como de extrema gravedad, continúa su curso mientras se analizan los dispositivos secuestrados para determinar si existen más víctimas afectadas por esta red de captación digital.