La Cámara Alta del Congreso de la Nación aprobó anoche la Ley de Bases en general con 37 votos positivos contra 36 negativos, tras el desempate propinado por la vicepresidente.
La votación se dio en un clima de extrema tensión, tanto dentro como fuera del recinto.
En lo referente al paquete fiscal, el gobierno perdió Ganancias y Bienes Personales en la votación en particular.
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Al cabo de un debate de más de 12 horas en el Senado, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de Ley Bases, tras un empate en la votación con 36 votos positivos y 36 negativos, que definió a favor la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tras ello, se abrió el proceso de la votación en particular.
El tablero primero marcó 37 votos positivos y 35 negativos, pero a viva voz la santacruceña Natalia Gadano avisó que su voto había salido mal. Tal como establece el reglamento, al tratarse de un empate, se pasó a votar nuevamente, saliendo 36 a 36. Y luego la vicepresidenta desempató.
El texto volverá a la Cámara de Diputados con numerosas modificaciones. Además de las que se dieron para la firma del dictamen, las últimas fueron informadas durante la jornada en dos oportunidades por el miembro informante, el libertario Bartolomé Abdala. Entre los principales, hubo cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi); se quitaron de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino; y se sacó el capítulo que eliminaba la moratoria previsional y creaba una nueva “prestación proporcional” para quienes no tuvieran los aportes necesarios.
El escenario de empate se había vislumbrado durante el comienzo de la jornada, con el rechazo ya anticipado de los 33 senadores de Unión por la Patria, el anuncio del radical Martín Lousteau –que defendió su dictamen de minoría– y la rebelión de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
El bloque “Por Santa Cruz” había llamado a no dar quórum el día anterior y así lo hizo al inicio de la sesión. También se mantuvieron ausentes durante el debate y no estuvieron anotados en la lista de oradores. Además, mientras transcurría la sesión, Gadano denunció haber recibido una amenaza contra sus hijos.
Alcanzaron el quórum
La Libertad Avanza, con un bloque de 7 miembros, alcanzó el quórum con los 13 senadores de la UCR, los 6 del Pro, los 3 de Cambio Federal, los 3 de Unidad Federal, los 2 del Frente de la Concordia Misionero y las monobloquistas Beatriz Ávila (Tucumán), Lucila Crexell (Neuquén) y Mónica Silva (Río Negro). Pese a votar en contra, Lousteau garantizó el comienzo de la sesión con su presencia. Todos los demás fueron los 36 votos que finalmente recibió a favor la ley.
Desde los palcos estuvieron desde la primera hora, siguiendo atentamente el debate, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Irrazábal Murphy, funcionarios que llevaron adelante negociaciones sobre la letra chica de las leyes.
La jornada arrancó a las 10.15 y el punto más caliente se dio por la tarde, cuando los senadores de Unión por la Patria intentaron -sin éxito- pasar a un cuarto intermedio para que una comitiva de legisladores bajara a la calle a observar el operativo de seguridad, a raíz de la represión que se desató en la plaza de los Dos Congresos, y en la que incluso estuvieron involucrados diputados de UP, quienes recibieron gases lacrimógenos por parte de efectivos. Villarruel y Eduardo “Wado” de Pedro tuvieron un duro cruce por esto.
Ante la posibilidad del empate, el presidente Javier Milei retrasó su salida hacia Italia para la medianoche, de modo que Villarruel estuviera presidiendo la sesión al momento de la votación y no a cargo del Poder Ejecutivo, cuestión que hubiera colocado a Abdala en ese lugar. Igualmente, el presidente provisional iba a poder desempatar.
Al comienzo de la sesión tomaron estado parlamentario los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Tal como se acordó en Labor Parlamentaria no hubo homenajes ni cuestiones de privilegio y el debate, que tuvo 47 oradores, arrancó rápidamente.
El proyecto Bases, o también llamada “ley ómnibus” en sus orígenes, ingresó el 27 de diciembre a Diputados. El 6 de febrero, tras arduas jornadas, se cayó y volvió a comisiones. Finalmente, el pasado 30 de abril tuvo media sanción una versión más acotada de aquel primer texto y también respecto del dictamen del verano. Para ello, el oficialismo contó con el apoyo de la oposición dialoguista. Ahora, recibió más modificaciones en el Senado, con lo cual vuelve a la cámara de origen, que tendrá que aceptar o descartar los cambios.
El cierre de la sesión no estuvo exento de polémica. Villarruel procedió a desempatar la votación y argumentó su voto afirmativo por “esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país”.
“Habiendo nuevamente empatado la votación, procedo a desempatar”, arrancó diciendo Villarruel, mientras los senadores de Unión por la Patria comenzaron a gritarle que no puede dar discursos, pero a la vicepresidenta poco le importó, elevó su tono de voz y continuó: “Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta y otra que el año pasado eligió un cambio”.
El oficialismo aceptó una decena de modificaciones
El miembro informante del oficialismo, Bartolomé Abdala, anunció ayer las modificaciones aceptadas por el oficialismo para el proyecto de Ley Bases para la Libertad de los Argentinos.
Tales eran las medidas reformadas que el presidente del bloque UP, José Mayans, pidió una interrupción para pedir una copia de las modificaciones, que Victoria Villarruel le aseguró tendrían en breve tiempo.
Y más tarde intervino la senadora rionegrina Silvina García Larraburu para pedir que el texto volviera a comisión “para analizar responsablemente todas estas propuestas”. Le contestó la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, que dijo llevar 4 años en el recinto y haber visto por ejemplo cuando la senadora kirchnerista María de los Angeles Sacnun “pasó una hora hablando de modificaciones, además por Zoom, así que la senadora no tiene argumentos para plantear que no hagamos esto ahora”. Obviamente Abdala aclaró que no aceptaban la vuelta a comisión.
Terminaron siendo una decena las modificaciones, la primera de las cuales propuso incorporar dentro del artículo 3° la prohibición de disolver los organismos vinculados al área cultural.
El artículo queda así redactado: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente: a) la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.
Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”.
A continuación, se aclaran cuáles son los organismos que no podrán disolverse por parte del Poder Ejecutivo: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán; la Anmat; el Instituto de la Propiedad Industrial (Inpi); el Incaa; el Enacom; la Autoridad Regulatoria Nuclear; la CONAE; la Comisión Nacional de Energía Atómica; la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria; la Comisión Nacional de Valores; el INCUCAI; la UIF; el INTA; el INTI; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Administración de Parques Nacionales; el SENASA; el Instituto Antártico Argentino; el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa; el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas; el Instituto Geográfico Nacional; el Instituto Nacional de Prevención Sísmica; el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional; el Instituto Nacional de Agua; el Servicio Geológico-Minero Argentino; el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; el Cenard; la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y aquellos organismos vinculados a la cultura.
En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
En el artículo 6° se propone incorporar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) como organismo excluido de la facultad de intervenir.
En tercer lugar, en el artículo 7° se propone eliminar del anexo a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA.
Se propone también incorporar el artículo 63 bis, que dice: “A los fines de lo establecido en el artículo 63, se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obras públicas que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción. En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente y contratista, el que deberá ser aproado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscripto dentro de 90 días desde la publicación de la presente ley”.
Por último, se propone eliminar del dictamen el título VIII que contiene los artículos 227 y 228. Esto es, el capítulo previsional del proyecto.
Una vez concluidos los oradores individuales, antes de que expusieran los presidentes de bloques, el miembro informante del oficialismo leyó una nueva tanda de modificaciones hechas en el dictamen que sería puesto a consideración.
Ahí Abdala anunció una serie de modificaciones agregadas, que tenían que ver con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).
“El Gobierno está comprando votos”
El senador nacional de Unión por la Patria Carlos Linares denunció ayer que el Gobierno está “comprando votos en el Senado” y calificó como “gravísimo lo que está pasando”.
En las últimas horas, estalló la polémica al tomar estado público que el Poder Ejecutivo promueve el pliego de la senadora nacional neuquina Lucila Crexell como embajadora argentina ante la Unesco.
Unión por la Patria sospecha que el Gobierno logró convencer a la legisladora para que apoye el proyecto Bases a cambio de concederle ese cargo con sede en París, con un sueldo abultado.
“Tenemos que preguntarnos cómo se compran los votos en el Senado. Eso nos involucra a todos. Somos todos cómplices de lo que está pasando en este momento en el Senado”, advirtió Linares.
Al exponer en la sesión especial, el chubutense denunció: “Se están comprando votos en el Senado y no podemos mirar para otro lado”.
“Todos sabemos cómo se inducen los votos”, finalizó al hacer referencia a la estrategia del Gobierno para conseguir las voluntades que necesitaba para aprobar el proyecto Bases.
Revés para el oficialismo
Tras darle luz verde a la Ley Bases en general, la Cámara de Senadores eliminó hoy los capítulos de Bienes Personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias, que eran puntos centrales del Paquete Fiscal que promovía el Gobierno Nacional.
Ahora el oficialismo puede revertir ese revés si logra que la Cámara de Diputados insista con la sanción original del proyecto con la misma mayoría con lo cual se rechazaron estos dos capítulos.
La votación del Impuesto a las Ganancias fue de 41 votos negativos contra 31 afirmativos, ya que, a los 33 senadores de Unión por la Patria se sumaron los sufragios de los radicales Maximiliano Abad, Martín Lousteau y de María Huala (PRO), Edgardo Kueider (Unión Federal), Mónica Silva (Juntos por Río Negro) y Federal Edith Terenzi (Cambio Federal).
En el caso de Ganancias el oficialismo proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los solteros y de 2,2 millones para los casados y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio.
La intención de restituir Ganancias era que las provincias recuperen los recursos que perdieron cuando el año pasado a instancias del entonces ministro de Economía Sergio Massa se eliminó la cuarta categoría y solo se mantuvo el tributo para los sueldos altos superiores a dos millones lo que implicó una perdida para la Nación y las Provincias de tres billones de pesos.
Si bien el título se había rechazado, Terenzi había propuesto antes de la votación que algunos artículos como el diferencial para los trabajadores de la Patagonia se aprueben en forma separada, pero la legisladora Guadalupe Tagliaferri planteó que, al haberse eliminado el título, no tenía sentido votar un artículo en forma separada.
La posición de Tagliaferri fue respaldada por el senador de Unión por la Patria Jose Mayans que propuso seguir votando el título siguiente.
El oficialismo tampoco lograr aprobar Bienes Personales, ya que, fue rechazado por 37 contra 35 votos, pero la sorpresa de esa votación la dio la senadora de Río Negro Mónica Silva que venía acompañando al oficialismo.
El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iban a comenzar a pagar Bienes Personales con lo cual se iba a tributar a partir de 100 millones de pesos en lugar de 27 millones como está en la ley vigente.